Finalmente después de decenas de denuncias de corrupción contra la gestión de Jaime Bardales Ruiz, personal de Contraloría General de la República, pertenecientes a la Oficina Regional se instalaron en la Municipalidad de Sullana para realizar una acción de control.
Instalados en el tercer piso del recinto municipal, fueron la preocupación de los funcionarios de la actual gestión local, quienes tienen serios cuestionamientos administrativos que fueron dados a conocer por regidores de la oposición, quienes desde el año 2007 venían reclamando que haya una intervención directa del organismo de control, incluso la parlamentario Fabiola Morales anunció en su momento un equipo contralor, lo que no sucedió.
Fuentes internas nos expresaron que este personal trató de dialogar con el jefe de la Oficina de Control Institucional, pero no fue habido. Asimismo, se les ha visto ordenando documentación que será analizada, para luego siguiendo los procedimientos pedir la absolución de los cargos que podrían encontrarse. Aunque no se tiene la certeza respecto a los casos a contemplar, se cree que la acción de control es contra todos los actos realizados desde el año 2007 por Jaime Bardales Ruiz.
Quizá el asunto principal verse sobre las contrataciones realizadas por el alcalde y que no tendrían justificación algunas. Uno de ellos tiene que ver con los alquileres de unidades móviles para diferentes actividades. El alcalde, desde que ingresó como tal ha contratado camionetas irrogando gastos elevados a las economía de la Municipalidad.
Otro hecho, tendría que ver con el favoritismo de proveedores que con escasa experiencia y muchos de ellos, con empresas de reciente formación, fueron beneficiados con contratos sucesivos. Este asunto fue escandaloso en el mes de diciembre del 2008, cuando se fraccionó adquisición de bienes y servicios adjudicando en solo dos días más de 60 procesos.
El equipo asignado para esta acción de control son 4 profesionales, que tratarán de determinar las responsabilidades del caso. Conocimos que varios regidores estarán llevando, adicionalmente, una sumilla de las acciones que consideran contrarias a la legalidad, al Contralor General de la República, para que se determine con mucha seriedad y profesionalismo, una acción de control que llegue a la verdad de los hechos y se sancione a los funcionarios que haya incumplido con la Ley.
